Asignaciones y retribuciones grupos municipales en Langreo.

El Pleno de la corporación, con cargo a los Presupuestos anuales de la misma, podrá asignar a los grupos políticos una dotación económica que deberá contar con un componente fijo, idéntico para todos los grupos y otro variable, en función del número de miembros de cada uno de ellos, dentro de los límites que, en su caso, se establezcan con carácter general en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado y sin que puedan destinarse al pago de remuneraciones de personal de cualquier tipo al servicio de la corporación o a la adquisición de bienes que puedan constituir activos fijos de carácter patrimonial.

Los grupos políticos deberán llevar con una contabilidad específica de la dotación, que pondrán a disposición del Pleno de la Corporación, siempre que éste lo pida.
Ley 7/1985 reguladora de las Bases del Régimen Local.
CAPÍTULO V Estatuto de los miembros de las Corporaciones locales. Art. 73

ACTA de la sesión celebrada por el Ayuntamiento Pleno el día … 1 DE JULIO DE 2015 
2.8.- Propuesta de los Grupos IU y Somos sobre asignaciones a percibir por los Grupos Políticos, e indemnizaciones a Concejales/as por asistencias a Plenos y Comisiones.
 Por la Secretaria se da lectura a la propuesta que antecede según el siguiente detalle:
- 180 euros mensuales por Concejal y Grupo Político.
- 135 euros por asistencia a Plenos (cada concejal).
- 90 euros por asistencia a la Junta de Gobierno Local y lo mismo por asistencia a Comisiones Informativas.
 Sin que se produzca intervención se acuerda por unanimidad su aprobación. 

2.9.- Propuesta de los Grupos IU y Somos referida al reconocimiento para el desarrollo de labores de gobierno en régimen de dedicación exclusiva y media liberación y las retribuciones correspondientes.
 Por la Secretaria se da cuenta de propuesta de reconocimiento del régimen de dedicación exclusiva a tres concejales para desarrollar labores de gobierno municipal, con un salario bruto anual de 25.000 euros, distribuidos en 14 pagas.
 Igualmente, se propone otras dos liberaciones parciales (4 horas diarias), con un salario bruto anual de 12.500 euros, distribuidos en 14 pagas. 


2.5.- Propuesta de los Grupos IU y SOMOS para la creación, denominación y composición de las Comisiones Informativas.
 Por parte de la Secretaria se procede a dar lectura a propuesta en relación con las Comisiones Informativas, según el siguiente detalle:
 1ª.- Planificación Económica: Hacienda, Patrimonio, Control de Cuentas, compras y Contrataciones y Reformas Organizativas y Tecnológicas.
 2ª.- Derechos Sociales: Servicios Sociales Vivienda, Igualdad, Sanidad, Cooperación Internacional, Cultura, Educación, Política Lingüística, Deportes y Juventud.
 3ª.- Gestión Interna: Régimen Interior, Personal, Transportes, Policía Local, Protección Civil, Participación Ciudadana, Transparencia, Empleo, Desarrollo Industrial, Turismo y Comercio. 
 4ª.- Gestión Territorial: Urbanismo, Infraestructuras, Medio Ambiente, Obras, Medio Rural y Servicios Operativos.

 En lo que respecta a la composición sería de 3 miembros para IU, 3 para el PSOE, 3 para el Somos Llangreu, 2 para PP y 1 para Ciudadanos.

Las cosas de palacio van despacio ... y mal.

Unos 8 meses después de que tomó posesión la nueva corporación, parece que se elegirán los Alcaldes de Pueblo en la zona rural de Langreo.
Unos 4 meses después de que se les recordase de palabra (en el Pleno) y por escrito (por registro); y tras el arduo trabajo de la Concejalía de Participación Ciudadana y su equipo multidisciplinar, nos encontramos con que el Estatuto de Participación Ciudadana anterior, no será cambiado ni una sola coma (por ahora) y que el procedimiento de elección asamblearia se improvisará sobre la marcha, a gusto del consumidor (equipo de gobierno).

No se tiene claro tampoco como el Alcalde de Pueblo elegido y designado podrá cumplir con las atribuciones del puesto:

- Representar al Ayuntamiento y al Alcalde/sa, en el pueblo.
- Facilitar la comunicación con las Entidades ciudadanas existentes en el pueblo y que estén inscritas en el RMAEC.
- Remitir al Ayuntamiento, de forma periódica, información sobre las necesidades, acciones y servicios municipales que se desarrollen en el pueblo.
- Facilitar a los vecinos información municipal de carácter general, así como la referida a planes, proyectos o actuaciones a llevar a cabo en el pueblo.
- Convocar las sesiones de la Asamblea de Vecinos y de cualquiera otro órgano de la Alcaldía de Pueblo.
- Preparar el Orden del día de las sesiones de la Asambleas de vecinos.
- Supervisar el cumplimiento de los acuerdos adoptados.
- Remitir al Ayuntamiento de Langreo/Llangréu, copia de las actas y acuerdos adoptados, propuestas, sugerencias, así como las denuncias, reclamaciones e iniciativas efectuadas por los vecinos.

Todo ello sin disponer (al menos en Cuesta de Arco) de un Centro Social o un espacio adecuado, ni los medios materiales imprescindibles, ni la compensación por su tiempo y dedicación, para no caer en el caciquismo tradicional.

En Fecha de 26 de octubre de 2015 y después de ver la deriva tomada ...

El que suscribe EXPONE: 
El Alcalde de Pueblo es un órgano unipersonal propuesto por los vecinos y designado por la Alcaldía del municipio. 
El Estatuto que regula su figura y elección es de 2013, pero los Alcaldes de Pueblo existen desde hace muchos años.
Parece ser que la nueva corporación mantiene a los anteriores, pese al vencimiento del mandato, hasta la propuesta formal, de las nuevas designaciones, en las Asambleas de Vecinos correspondientes; si se convocan a tal fin, en principio a iniciativa del Alcalde de Langreo.
La propuesta para el nombramiento de los Alcaldes de Pueblo, se debe realizar a través de un proceso de votación secreta, en la asamblea de todos los residentes en un pueblo, para lo que se requiere urnas y censo.
El Estatuto de Participación Ciudadana no concreta plazos de convocatoria, censo electoral, exposición de programas o propuestas de los posibles candidatos, etc..
Lo que unido a la continuidad efectiva "provisional" de los anteriores, puede hacer pensar que se mantendrá el "status quo" existente, con pequeñas correcciones para reflejar el nuevo equilibrio de poder municipal.


POR LO EXPUESTO SOLICITA:
Que para garantizar que los interesados se pronuncien, con conocimiento de causa y garantías de sus derechos; esta alcaldía haga pública la convocatoria de elecciones a Alcalde de Pueblo; además de por la vía formal correspondiente, convocando Asambleas de información donde se expliquen las funciones y obligaciones del Alcalde de Pueblo, y el procedimiento establecido en cuanto a plazos de presentación de candidatos y programas, incluida la posibilidad de revocación de los elegidos, si estos no cumplen unos compromisos mínimos, contrastables en un programa y unos plazos de cumplimiento.

Así mismo solicito poder leer esta petición en el próximo Pleno (como así se hizo) , y que conste en acta (no procede) , con la respuesta dada por la corporación (ninguna por escrito y la de hecho está a la vista y tendrá su apogeo el 13 de marzo).
Fecha próxima a los Idus de Marzo ...

Nuevo Estatuto de "Participación" Ciudadana.

Debe de ser, como en anteriores ocasiones, que el mensajero la lía, pero no acabo de entender como va esta historia: el día 13 de marzo se van a elegir "democráticamente" los Alcaldes de Pueblo en base a un nuevo Estatuto que se aprobará en el Pleno Municipal el próximo 25 de febrero. 
El Estatuto, o al menos la redistribución de Pueblos se ha debatido en "Asambleas" aún no concluidas en todos los Pueblos, salvo que fuesen clandestinas y sólo se haya enterado quien debía enterarse. 
En las reuniones, además de concejales del equipo de gobierno (ninguno de la oposición), ha participado, un comisario político de cada partido integrante del equipo, no comprendo en absoluto con que democrático objeto. 
A la semana siguiente de su aprobación en el Pleno se constituirá (o convocará) la Asamblea General de Vecinos de cada núcleo, ante las que se presentarán las candidaturas a Alcalde de Pueblo. 
Las Asambleas estarán formadas por un representante municipal, miembros de asociaciones y "otros vecinos". 
El segundo domingo de marzo se celebrarán las elecciones para elegir el Alcalde de Pueblo (luego ya, con más tiempo sabremos con que funciones y competencias). 
Las Asambleas tendrán carácter "permanente" y se reunirán periódicamente para tratar asuntos del núcleo. 
El Alcalde (de Langreo) anima a los vecinos a participar en el proceso (si el tiempo y la autoridad lo permiten). 
Las reuniones programadas que finalizan la última semana de este mes (no queda claro si antes o después del Pleno) parece ser que han tenido poca participación juvenil, pero eso se arreglará en cuanto el "nuevo" sistema informático (como el Mesías) llegue a nosotros, según el Alcalde (la pirámide poblacional no debe tener nada que ver).

El PSOE de Langreo responde
El PSOE critica que en las reuniones con los vecinos han tenido "un papel relevante personas que ni forman parte de la corporación, ni entendemos que tengan potestad o representatividad alguna para tomar decisiones en el ámbito municipal". Parece ser, añaden, que "en los últimos meses han adquirido un papel importante como asesores de la coalición de gobierno, sin que se nos haya respondido todavía a la pregunta acerca de cuál es su situación en el Ayuntamiento".

Los partidos del equipo de gobierno siguen con el proceso ... a su manera.

Código Penal para los parados ... por responsabilidad criminal.

El sindicato Comisiones Obreras ha lanzado una campaña de denuncia de la aplicación del Código Penal Art. 315. 3. (Quienes actuando en grupo o individualmente, pero de acuerdo con otros, coaccionen a otras personas a iniciar o continuar una huelga, serán castigados con la pena de prisión de un año y nueve meses hasta tres años o con la pena de multa de dieciocho meses a veinticuatro meses.) para miembros de un Piquete  Informativo.
Este y otros artículos discutibles están en el Código Penal sin llamar mucho la atención ... hasta que toca a alguien cercano.

Aunque no tengo constancia de su aplicación en ningún caso, hay otro artículo que pende como una espada de Damocles sobre la cabeza de los parados (aunque sólo sobre los defraudadores a criterio de la Administración y con la sentencia de un juez).




Se trata del Art. 307. Ter. del Código Penal actualizado a enero de 2016.
En el se castiga con penas de prisión, o multa para los más humildes en su "fraude", y pérdida de derechos de la Seguridad Social de 3 a 6 años.
Se habla de "responsabilidad criminal" y "hecho delictivo" y se fomenta la "colaboración" para la "identificación o captura de otros responsables ... del delito".

1. Quien obtenga, para sí o para otro, el disfrute de prestaciones del Sistema de la Seguridad Social, (las del SEPE lo son) la prolongación indebida del mismo, o facilite a otros su obtención, por medio del error provocado mediante la simulación o tergiversación de hechos, o la ocultación consciente de hechos de los que tenía el deber de informar, causando con ello un perjuicio a la Administración Pública, será castigado con la pena de seis meses a tres años de prisión. Cuando los hechos, a la vista del importe defraudado, de los medios empleados y de las circunstancias personales del autor, no revistan especial gravedad, serán castigados con una pena de multa del tanto al séxtuplo. Además de las penas señaladas, se impondrá al responsable la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante el período de tres a seis años.

2. Cuando el valor de las prestaciones fuera superior a cincuenta mil euros o hubiera concurrido cualquiera de las circunstancias a que se refieren las letras b) o c) del apartado 1 del artículo 307 bis, se impondrá una pena de prisión de dos a seis años y multa del tanto al séxtuplo. En estos casos, además de las penas señaladas, se impondrá al responsable la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante el período de cuatro a ocho años. 3. Quedará exento de responsabilidad criminal en relación con las conductas descritas en los apartados anteriores el que reintegre una cantidad equivalente al valor de la prestación recibida incrementada en un interés anual equivalente al interés legal del dinero aumentado en dos puntos porcentuales, desde el momento en que las percibió, antes de que se le haya notificado la iniciación de actuaciones de inspección y control en relación con las mismas o, en el caso de que tales actuaciones no se hubieran producido, antes de que el Ministerio Fiscal, el Abogado del Estado, el Letrado de la Seguridad Social, o el representante de la Administración autonómica o local de que se trate, interponga querella o denuncia contra aquél dirigida o antes de que el Ministerio Fiscal o el Juez de Instrucción realicen actuaciones que le permitan tener conocimiento formal de la iniciación de diligencias.

La exención de responsabilidad penal contemplada en el párrafo anterior alcanzará igualmente a dicho sujeto por las posibles falsedades instrumentales que, exclusivamente en relación a las prestaciones defraudadas objeto de reintegro, el mismo pudiera haber cometido con carácter previo a la regularización de su situación.

4. La existencia de un procedimiento penal por alguno de los delitos de los apartados 1 y 2 de este artículo, no impedirá que la Administración competente exija el reintegro por vía administrativa de las prestaciones indebidamente obtenidas. El importe que deba ser reintegrado se entenderá fijado provisionalmente por la Administración, y se ajustará después a lo que finalmente se resuelva en el proceso penal. El procedimiento penal tampoco paralizará la acción de cobro de la Administración competente, que podrá iniciar las actuaciones dirigidas al cobro salvo que el Juez, de oficio o a instancia de parte, hubiere acordado la suspensión de las actuaciones de ejecución previa prestación de garantía. Si no se pudiere prestar garantía en todo o en parte, excepcionalmente el Juez podrá acordar la suspensión con dispensa total o parcial de garantías si apreciare que la ejecución pudiese ocasionar daños irreparables o de muy difícil reparación.

5. En los procedimientos por el delito contemplado en este artículo, para la ejecución de la pena de multa y de la responsabilidad civil, los Jueces y Tribunales recabarán el auxilio de los servicios de la Administración de la Seguridad Social que las exigirá por el procedimiento administrativo de apremio. 6. Resultará aplicable a los supuestos regulados en este artículo lo dispuesto en el apartado 5 del artículo 307 del Código Penal. (Los Jueces y Tribunales podrán imponer al obligado frente a la Seguridad Social o al autor del delito la pena inferior en 1 o 2 grados, siempre que, antes de que transcurran 2 meses desde la citación judicial como imputado, satisfaga la deuda con la Seguridad Social y reconozca judicialmente los hechos. Lo anterior será igualmente aplicable respecto de otros partícipes en el delito distintos del deudor a la Seguridad Social o del autor del delito, cuando colaboren activamente para la obtención de pruebas decisivas para la identificación o captura de otros responsables, para el completo esclarecimiento de los hechos delictivos o para la averiguación del patrimonio del obligado frente a la Seguridad Social o de otros responsables del delito).

La emergencia social no puede esperar ... a los políticos.

Desde mi fanatismo notorio, y empujado por mi atrevida ignorancia (según afirman munícipes destacadas del equipo de gobierno) quiero humildemente recordar a nuestro ilustre alcalde que la emergencia social no puede esperar a que los políticos conquisten el cielo (o se compren coche nuevo) para que después (algún día) nos repartan las sobras de su mesa. ¡¡Pasamos hambre hoy!! Menos mociones y discursos hipócritas, y más hechos consecuentes con la realidad que se quiere ocultar: la pobreza material de unos y la moral de otros. Las políticas sociales del ayuntamiento no pueden limitarse a la caridad municipalizada y burocratizada, aunque se aumente simbólicamente su presupuesto. Queremos trabajo y dignidad, no limosnas. Queremos ejercer nuestros derechos, entre los que se incluye el de recordar a algunos sus obligaciones.

PROPUESTA DE MOCION AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE LLANGRÉU

En solidaridad y apoyo a las actuaciones informativas y de asesoramiento desarrolladas por ADEPAVAN (Asamblea de Defensa de los Paraos del Valle del Nalón) entre los parados del municipio concretadas en una campaña iniciada el lunes día 11 de enero con carácter indefinido.

Recogiendo el análisis de la Defensora del Pueblo, en el sentido de que en los últimos años son numerosas las quejas presentadas, sobre qué rentas se tienen en cuenta para el cálculo del límite de recursos en los subsidios; y en la disconformidad con la obligación de devolver el importe presuntamente percibido de forma indebida, por una resolución administrativa que revoca un derecho, previamente reconocido en base a la documentación solicitada por el SEPE.

La Defensora del Pueblo señala que ha podido comprobar que la información que se recoge en las guías y folletos informativos a disposición del ciudadano, bien en la página web o en formato papel, no explican claramente qué cantidades se encuentran incluidas para el cálculo de rentas.

La Defensora del Pueblo también cita al Tribunal Supremo que constata, a través de su doctrina jurisprudencial, la complejidad sobre el cómputo de las rentas para el mantenimiento del subsidio de desempleo, dado los complicados y dificultosos cálculos y operaciones interpretativas que lo determinan, a lo que hay que unir el acelerado cambio normativo experimentado en este sector en el ordenamiento.

Considerando que estas deficiencias aún perduran, y afectan negativamente a vecinos de Langreo, este Ayuntamiento apoya y respalda la labor informativa, de asesoramiento y denuncia desempeñada por ADEPAVAN y aboga por el estricto cumplimiento del Artículo 35. de Derechos de los ciudadanos (en sus relaciones con las Administraciones Públicas) de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; para facilitar el ejercicio de los derechos, con el mismo rigor, que el cumplimiento de las obligaciones.

APROBADA CON LOS VOTOS FAVORABLES DE TODOS LOS GRUPOS EXCEPTO EL PARTIDO POPULAR EN LANGREO.
APROBADA CON LOS VOTOS FAVORABLES DE TODOS LOS GRUPOS EN SAN MARTIN.