Carta Servicios SEPE

REAL DECRETO 951/2005, de 29 de julio, por el que se establece el marco general para la mejora de la calidad en la Administración General del Estado.
Artículo 8. Definición.
1. Las cartas de servicios son documentos que constituyen el instrumento a través del cual los órganos, organismos y entidades de la Administración General del Estado informan a los ciudadanos y usuarios sobre los servicios que tienen encomendados, sobre los derechos que les asisten en relación con aquellos y sobre los compromisos de calidad en su prestación.

Carta de Servicios 2015 - 2018. (descargar PDF)
La Carta de Servicios se ha convertido en un importante instrumento de gestión interna y motor de la mejora continua del Servicio Público de Empleo Estatal, que exige una revisión periódica de compromisos y contenidos para su adecuación a la nueva realidad del organismo.

MISIÓN
Contribuir al desarrollo de la política de empleo, gestionar el sistema de protección por desempleo y
garantizar la información sobre el mercado de trabajo para conseguir la inserción y permanencia en el mercado laboral de los trabajadores y la mejora del capital humano de las empresas, con la colaboración de los Servicios Públicos de Empleo Autonómicos y demás agentes del ámbito laboral.

VISIÓN
Alcanzar la excelencia en la gestión de nuestros servicios a la ciudadanía, aprovechando las nuevas tecnologías, y liderar la contribución del Sistema Nacional de Empleo para incrementar la calidad del mercado de trabajo.

Estas declaraciones contrastan con la realidad:
Ley de vagos y maleantes para demandantes de empleo
Expediente sancionador del SEPE
El SEPE ante el Defensor del Pueblo
Acoso a los parados por la vía de urgencia
Código penal para los parados
Derechos de los ciudadanos ante la administración.
Propuestas para mejorar la atención en el SEPE   FIRMA EN APOYO DE ESTAS PROPUESTAS.
(Ver pdf completo con la barra lateral)

Nuevo Estatuto de "Participación" Ciudadana.

Debe de ser, como en anteriores ocasiones, que el mensajero la lía, pero no acabo de entender como va esta historia: el día 13 de marzo se van a elegir "democráticamente" los Alcaldes de Pueblo en base a un nuevo Estatuto que se aprobará en el Pleno Municipal el próximo 25 de febrero. 
El Estatuto, o al menos la redistribución de Pueblos se ha debatido en "Asambleas" aún no concluidas en todos los Pueblos, salvo que fuesen clandestinas y sólo se haya enterado quien debía enterarse. 
En las reuniones, además de concejales del equipo de gobierno (ninguno de la oposición), ha participado, un comisario político de cada partido integrante del equipo, no comprendo en absoluto con que democrático objeto. 
A la semana siguiente de su aprobación en el Pleno se constituirá (o convocará) la Asamblea General de Vecinos de cada núcleo, ante las que se presentarán las candidaturas a Alcalde de Pueblo. 
Las Asambleas estarán formadas por un representante municipal, miembros de asociaciones y "otros vecinos". 
El segundo domingo de marzo se celebrarán las elecciones para elegir el Alcalde de Pueblo (luego ya, con más tiempo sabremos con que funciones y competencias). 
Las Asambleas tendrán carácter "permanente" y se reunirán periódicamente para tratar asuntos del núcleo. 
El Alcalde (de Langreo) anima a los vecinos a participar en el proceso (si el tiempo y la autoridad lo permiten). 
Las reuniones programadas que finalizan la última semana de este mes (no queda claro si antes o después del Pleno) parece ser que han tenido poca participación juvenil, pero eso se arreglará en cuanto el "nuevo" sistema informático (como el Mesías) llegue a nosotros, según el Alcalde (la pirámide poblacional no debe tener nada que ver).

El PSOE de Langreo responde
El PSOE critica que en las reuniones con los vecinos han tenido "un papel relevante personas que ni forman parte de la corporación, ni entendemos que tengan potestad o representatividad alguna para tomar decisiones en el ámbito municipal". Parece ser, añaden, que "en los últimos meses han adquirido un papel importante como asesores de la coalición de gobierno, sin que se nos haya respondido todavía a la pregunta acerca de cuál es su situación en el Ayuntamiento".

Los partidos del equipo de gobierno siguen con el proceso ... a su manera.

¿Ley de vagos y maleantes? Sólo para solicitantes de subsidios y prestaciones.

¿has recibido, o podrías recibir del SEPE una carta semejante a esta?

Tranquilo/a, no eres un delincuente y no estás sólo, se levanto la veda del parado.

Lee detenidamente la notificación: En el párrafo numerado con un 6 te dicen que tienes 15 días para hacer alegaciones por escrito ante la Dirección Provincial del SEPE de acuerdo al nº 3 del Art. 37. bis del RD 928/1998. Como ves se hace referencia a normas que desconoces totalmente (eso no es excusa: el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento, y te las citan para que puedas consultarlas). Búscalas o consulta a alguien mejor informado (damos por supuesto que no puedes permitirte un abogado). Prepara tu estrategia antes de acudir a tu oficina del SEPE.

Te dicen que por el RD 928/1998 Art. 37 bis. (Procedimiento para la imposición de sanciones leves y graves a los solicitantes o beneficiarios de prestaciones del Sistema de Seguridad Social.) en su punto 3 tienes 15 días para alegar; pero no te dicen que son días hábiles (sin contar domingos y festivos).
Tampoco te informan de que en su punto 2 se establece que el escrito de iniciación del procedimiento sancionador deberá exponer los hechos constatados, forma de su comprobación, la infracción presuntamente cometida con expresión del precepto vulnerado, la reincidencia, en su caso, y la propuesta de sanción. 
Ni mucho menos te informan de que, por el punto 3, puedes solicitar el examen de la documentación que fundamente la iniciación del procedimiento sancionador en el plazo para alegaciones y pruebas.

Este derecho a la información previa se refuerza con la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común ... que en su Art. 35 de derechos de los ciudadanos dice que los ciudadanos, en sus relaciones con las Administraciones Públicas, tienen los siguientes derechos (entre otros que veremos): a) A conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los procedimientos en los que tengan la condición de interesados, y obtener copias de documentos contenidos en ellos.  b) A identificar a las autoridades y al personal al servicio de las Administraciones Públicas bajo cuya responsabilidad se tramiten los procedimientos.

En consecuencia, aunque puedas, no te precipites a hacer el ingreso del dinero reclamado (ni en cómodos plazos a interés de mercado), lo que sería un reconocimiento de "culpa"; ni aportes documentación antes de conocer el fundamento del expediente. Solicita de palabra, ante el funcionario/a y ante el director/a, la documentación correspondiente y si no te la dan, hazlo por escrito, pidiendo que se identifiquen el personal y autoridades que tramitan el procedimiento sancionador.

Eso es todo en una primera fase (dentro de los 15 días hábiles).
Desde ADEPAVAN (Asamblea de Defensa de los Parados y Paradas del Valle del Nalón) se espera la respuesta del alcalde de Langreo para poder disponer de un pequeño espacio para informar a los afectados en el mismo edificio donde esta la oficina de desempleo.

Derechos de los ciudadanos en sus relaciones con las Administraciones Públicas

Responder a la encuesta al terminar de leer.

Aunque en un impulso espontáneo digamos, alto y claro, que  ¡¡NINGUNO!!, al menos sobre el papel (que todo lo aguanta) esto no es exacto, en realidad están a nuestro servicio.

- Primero de todo tenemos la Constitución y aquello del derecho al trabajo y a una vivienda digna, por poner sólo un ejemplo clarificador.
- Segundo hay que establecer de que hablamos cuando decimos "Administraciones Públicas".

La organización de la Administración Pública de España está basada en tres niveles básicos de Administraciones territoriales independientes y autónomas, cuyas potestades se dividen en función de la distribución competencial que hagan las leyes y la Constitución: La Administración General del Estado, las Administraciones autonómicas, las Administraciones locales, y junto a ellas, un amplio conjunto de Administraciones instrumentales, que pese a ser parcialmente independientes, tienen su base en la Administración territorial que las haya creado.

Para regular el tráfico en este caos, se redactó la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común ... que en su Capítulo I de Normas generales incluye el Artículo 35 de derechos de los ciudadanos.
Y dice así ... Los ciudadanos, en sus relaciones con las Administraciones Públicas, tienen los siguientes derechos:

a) A conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los procedimientos en los que tengan la condición de interesados, y obtener copias de documentos contenidos en ellos. (a partir de que los reclamen y les contesten)
b) A identificar a las autoridades y al personal al servicio de las Administraciones Públicas bajo cuya responsabilidad se tramiten los procedimientos. (No se trata de una rueda de reconocimiento)
c) A obtener copia sellada de los documentos que presenten, aportándola junto con los originales, así como a la devolución de éstos, salvo cuando los originales deban obrar en el procedimiento. (O al funcionario se le olvide devolvértelos)
d) A utilizar las lenguas oficiales en el territorio de su Comunidad Autónoma, de acuerdo con lo previsto en esta Ley y en el resto del Ordenamiento Jurídico. (Sic)
e) A formular alegaciones y a aportar documentos en cualquier fase del procedimiento anterior al trámite de audiencia, que deberán ser tenidos en cuenta por el órgano competente al redactar la propuesta de resolución. (Todo lo que alegues podrá ser usado en tu contra)
f) A no presentar documentos no exigidos por las normas aplicables al procedimiento de que se trate, o que ya se encuentren en poder de la Administración actuante. (Todo lo que presentes podrá ser usado en tu contra)
g) A obtener información y orientación acerca de los requisitos jurídicos o técnicos que las disposiciones vigentes impongan a los proyectos, actuaciones o solicitudes que se propongan realizar. (Siempre que traigas los deberes hechos)
h) Al acceso a la información pública, archivos y registros. (Transparencia creo que le llaman)
i) A ser tratados con respeto y deferencia por las autoridades y funcionarios, que habrán de facilitarles el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones. (Como no puede ser de otra manera)
j) A exigir las responsabilidades de las Administraciones Públicas y del personal a su servicio, cuando así corresponda legalmente. (Son molinos mi señor Don Quijote ...)
k) Cualesquiera otros que les reconozcan la Constitución y las Leyes. (Y además un huevo duro).