A
partir de mi experiencia reciente con el Servicio Público de Empleo, que
expongo más abajo, me gustaría hacerles (a los políticos, sindicalistas, etc) las siguientes propuestas para que las
tengan en consideración, para mejorar la atención a los desempleados/as más
allá de unas prestaciones y subsidios, que permitan cubrir las necesidades
vitales:
1.-
Procedimiento de atención al parado que garantice la fiabilidad de la
información recibida, grabando las entrevistas verbales o reproduciendo por
escrito e identificándose el empleado que informa o resuelve la duda o petición
planteada.
2.-
Procedimiento administrativo fundamentado y garantista que considere nulos los
expedientes que vulneren los derechos ciudadanos.
3.-
Devolución sin intereses de las prestaciones cobradas indebidamente, después de
sentencia de la Jurisdicción Social.
4.-
Creación de un Tribunal de Arbitraje que sustituya a la actual Reclamación
Previa ante la misma administración actuante, que resulta juez y parte.
5.- Creación
de Oficinas municipales de información y asesoramiento legal de los parados
frente a las actuaciones del SEPE.
6.-
Derogación del artículo 307 del Código Penal en cuanto criminaliza al parado.
Cuando
la clínica dental donde trabajaba cerró en 2011 solicité el paro, que me fue
concedido en proporción a la jornada trabajada (un 42% en mi caso) por lo que
sólo me correspondieron algo más de 300€ al mes los primeros 6 meses, bajando
después a menos de 300€.
Finalizada
la cobertura, en junio de 2013 solicité el subsidio correspondiente, que se
había modificado también para hacerse proporcional a la jornada trabajada; por
lo que se me conceden unos 180€ al mes por el subsidio especial de mayores de
45 años con responsabilidades familiares, puesto que mi marido cobraba el
subsidio de mayores de 52 años, compatibilizándolo con trabajos esporádicos y
parciales, según constaba en los registros del SEPE.
En
2014 pregunté si me correspondería la Renta Activa de Inserción, que siendo de
426€ me interesaba más. Entonces y en cada renovación del subsidio se me dijo
que no me correspondería hasta que no agotase el subsidio, y en cada ocasión, y
por distintos empleados de prestaciones del SEPE en la oficina de La Felguera,
se me decía que si las rentas familiares no superaban los 800 euros y pico,
debía agotar el subsidio.
En
diciembre de 2015 agoté el subsidio y solicité la RAI con fecha de 04-12-2015.
En
lugar de una respuesta a mi solicitud en el plazo de 15 días que marca la ley,
recibo una propuesta de extinción de prestaciones y de percepción indebida de
la misma por SUPERAR RENTAS y, sin más se me reclaman 4347,40€, con un número
de cuenta para hacer el ingreso, dándome 15 días para hacer las alegaciones que
considerase oportuno, todo ello envuelto en diversos artículos de distintas
leyes.
Ante
este regalo navideño de la administración, solicito cita en la oficina del SEPE
en La Felguera, donde la empleada que me atiende no encuentra que se superen
rentas y va a consultarlo con otro empleado, que me explica que se supervisan
aleatoriamente los expedientes y que me había “tocado” a mí y a otros/as.
Dado
que fueron varios empleados distintos y en cada renovación semestral, los que
entendieron que no se superaban los 800€, con mis datos y los de mi marido a su
disposición, pedí hablar con la Directora de Prestaciones de la oficina, para
que aclarase el asunto y me diese copia del expediente sancionador y la
documentación que fundamentaba el hecho de la superación de rentas.
La
directora niega que exista ninguna documentación o expediente y señala que los
4347,40€ se pueden devolver hasta en 60 meses con un interés. (interés que puede variar con el precio del
dinero y que, en 60 meses se queda en 4750,52€ y una cuantía mensual de
79,18€).
También
pone a mi disposición una hoja de alegaciones que puedo rellenar allí mismo,
como ella sugiere.
Al
tener 15 días hábiles para hacerlo, aprovecho junto a mi marido para consultar
la ley y asesorarnos e informarnos, comprobando además que no soy la única y
que, al menos en esta oficina, hay muchos desempleados/as en la misma
situación.
Dentro
del plazo de alegaciones presenté 4 escritos:
1º.-
El 28-12-2015 reclamo los documentos del procedimiento para poder alegar.
2º.-
El 07-01-2016 alego diversos incumplimientos del procedimiento que suponen
indefensión, a mi entender.
3º.-
El 08-01-2016 insisto en solicitar copia de la documentación, así como la
identidad del instructor.
4º.-
El 11-01-2016 aporto un enlace sobre una reclamación ante el Defensor del
Pueblo en cuya resolución se cuestiona la inteligibilidad de los requisitos de
renta para los subsidios del paro.
Antes
de vencer el plazo de alegaciones, con fecha de 08-01-2016 se me envía la
resolución de extinción y la percepción indebida con reclamación de cantidades,
considerando un hecho que en la tramitación del expediente se han seguido las
formalidades legales y que se ha producido una percepción indebida durante el
periodo de 04-12-2013 al 30-11-2015 por pérdida de responsabilidades familiares
(ingresos del conyugue) .
En
todo momento se presume mi culpabilidad y se me traslada la carga de la prueba.
Soy yo quien tiene que aportar documentación que demuestre mi inocencia, cuando
he seguido de buena fe las indicaciones verbales de los empleados que me
atendieron.
Parece
ser, que conforme a la ley, aunque el error sea del empleado público, las
cantidades cobradas indebidamente deben devolverse por el desempleado con
interés de demora; pero además también resulta sancionado con la extinción de
la percepción de la prestación o subsidio reconocidos, no pudiendo acceder a
ninguna prestación o subsidio que pudiese corresponder por el agotamiento del
derecho extinguido.
No
bastando con ello, tenemos la amenaza del artículo 307. Ter.1. del Código Penal
con penas de cárcel o multa para la “delincuente” y sus colaboradores
necesarios (léase mi marido).
Frente
a esta resolución del SEPE sólo cabe reclamación previa a la Jurisdicción
Social, ante el mismo organismo sancionador, la Dirección Provincial del SEPE;
en el plazo de 30 días hábiles, los mismos que tengo para devolver el dinero
reclamado o solicitar su fraccionamiento por “falta de liquidez de la unidad
familiar”, lo que solicito con fecha de 19-02-2016 y se me concede con fecha de
26-02-2016, indicándoseme que el ingreso de las cantidades (79,81€
mensuales) se realizará entre el día 1 y
5 de cada mes debiendo entregar copia del boletín de ingreso en mi oficina del
Servicio Público de Empleo, todo ello bajo la amenaza de la Vía de apremio y el
correspondiente recargo del 20%.
Paralelamente,
con fecha de 26-01-2016, presento la Reclamación previa alegando defectos de
forma en la tramitación e indefensión.
Al
vencer los plazos sin respuesta, se considera silencio administrativo, y
solicito abogado de oficio para iniciar procedimiento ordinario ante el Juzgado
de lo Social.
Es
después de notificar al SEPE la solicitud de abogado de oficio, cuando recibo
respuesta desestimatoria a la Reclamación previa, fuera totalmente de plazo.
Nombrado
el abogado e iniciado el procedimiento, compruebo que sigo sin respuesta a la
solicitud de la RAI, por lo que, con fecha de 10-05-2016 la reclamo por escrito
y se me deniega, por partida doble (en la oficina de La Felguera y por correo)
con fecha del día 11-05-2016, sin más explicación escrita de la demora de meses
para un trámite con un plazo de 15 días.
Verbalmente,
en la oficina, se me dice que la habían parado pendientes de la resolución del
expediente y que después se les pasó tramitarla a la Dirección Provincial,
donde no constaba su existencia como me indican por teléfono.
Naturalmente,
y de nuevo, puedo interponer ante la Dirección Provincial actuante, reclamación
previa a la vía jurisdiccional social en el plazo de 30 días.
Reclamación
previa que presento en la oficina de La Felguera el 13-06-2016 a la espera de
una respuesta o del silencio administrativo de rigor.
Mientras
tanto vivimos dos personas con un subsidio de 426€ del que hay que descontar
79,18€ de la devolución mensual y 8€ de tasas bancarias al no alcanzar nuestra
“nómina” los 600€.
Durante
estos meses he presentado varias quejas-sugerencias como elemento de ayuda para
la mejora de la administración, según establece el RD 951/2005, obteniendo una
respuesta genérica y vacía:
Lamentando que mi experiencia con sus
servicios no haya sido de mi entera satisfacción.
Sienten mi malestar y me piden
disculpas, agradeciendo mis escritos que les servirán, dicen, para analizar y
estudiar la gestión que se presta en la unidad administrativa objeto de
reclamación.
