¿Qué pasará con Aguas de Langreo a corto y medio plazo?

PROPUESTA DE ACUERDO DEL PLENO MUNICIPAL SOBRE AGUAS DE LANGREO



Ayer día 13 de julio, convocado por los dos partidos que sustentan al Equipo de Gobierno municipal se celebró una Asamblea informativa en relación con las propuestas que el Equipo de Gobierno piensa presentar en el Pleno Municipal.

Con recuadro amarillo se reproduce el documento distribuido y en el margen derecho se comenta lo expuesto, tanto en el documento, como en la Asamblea.

INTRODUCCIÓN En el año 2006 se crea la empresa Aguas de Langreo con un capital social de 1,8 millones de euros, el ayuntamiento aporta 918.000 euros, el 51%, y Aqualia 882.000 euros, el 49%., la creación de esta empresa generó un amplio debate político y social que se ha mantenido en el tiempo. Su objetivo y así consta en el Pliego de Condiciones, la gestión de los servicios correspondientes al ciclo integral del agua en Langreo. Evidentemente nos encontramos ante una empresa de mayoría de capital público y en consecuencia de obligado control por los órganos municipales. Los vecinos y vecinas deben conocer las decisiones que se toman en los diversos órganos de gestión de la sociedad de economía mixta, consejo de administración y junta general de accionistas. Desde su creación el Pleno del Ayuntamiento no han tenido oportunidad de debatir y posicionarse sobre las decisiones estratégicas que los representantes del ayuntamiento deben afrontar en Aguas de Langreo, en consecuencia parece oportuno iniciar una nueva etapa en la que forme parte de las tareas del Pleno municipal posicionarse sobre los asuntos importantes que afecten a la empresa mixta y en ese sentido se han solicitado diversos informes que permitan tener la información necesaria para la toma de decisiones.

Para estructurar este debate de una manera ordenada se podrían establecer cuatro bloques: a)      Las obligaciones y condiciones de financiación de Aguas de Langreo. b)      La  situación  de  las  inversiones comprometidas  en  el Pliego de Condiciones y suspendidas por acuerdo del Consejo de Administración de la empresa en el año 2011. c)       La reclamación planteada por Aqualia sobre la Retribución al Socio Privado. d) El contencioso con el Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio de la liquidación debida al exceso de consumo del agua del Raigoso.

Por parte de algunos de los participantes en la Asamblea se cuestiona la pertinencia de incluir el contencioso con San Martín junto al tema de Aguas de Langreo, posición que comparto. Así mismo quiero insistir en que una convocatoria de partidos, no tiene el mismo respaldo que una convocatoria abierta de Audiencia Pública, desde el propio ayuntamiento. Y la documentación aportada para fundamentar la posición defendida por el Equipo de Gobierno es totalmente insuficiente para hacerse una idea exacta de la situación.

Las obligaciones y condiciones de financiación de Aguas de Langreo. En el Pliego de Condiciones por el que se seleccionó al socio privado en el artículo 19.2 se establece "El socio privado estará obligado a financiar a la empresa mixta en las condiciones habituales del mercado, pudiendo esta optar libremente por acudir a financiación externa o a la que proporcione aquel en función de la oferta más ventajosa en cada momento se realice".  Evidentemente esto no está ocurriendo puesto que la financiación del canon demanial se hace con unos intereses, 4,4%, muy por encima de los de mercado generando diferencias valoradas en más de 2 millones de euros. En consecuencia se debe exigir al socio privado el cumplimiento de los compromisos contractuales y la posible devolución de lo incorrectamente satisfecho por Aguas de Langreo.

El Pliego de Condiciones es interpretado de distinta manera por la representación pública (51%) de Aguas de Langreo y la privada (Aqualia 49%). Se plantea la exigencia al socio privado de que acepte la interpretación del Equipo de Gobierno, lo que no va a ocurrir, por lo que una de las dos partes habrá de ir a los tribunales donde, por lo que se dice, tenemos todas las de perder. Posición también discutible, o muy matizable pues ahí está el ejemplo de Torrelavega que remunicipalizo el servicio frente a los mismos socios privados Aqualia (FCC). Ver www.iniciativagua2015.org

La situación de las inversiones comprometidas en el Pliego de Condiciones y suspendidas por acuerdo del Consejo de Administración de la empresa en el año 2011. Quienes defendieron la necesidad de la creación de la Empresa Aguas de Langreo colocaron las inversiones a realizar por la sociedad mixta como uno de los elementos más importantes a valorar. Desde su creación existen diversos informes sobre la inversiones realizadas pero es evidente que se podrían estimar en 5 millones de euros las que están pendientes, según el cronograma presentado por Aqualia ganadora del concurso de selección. En el año 2011 el Consejo de Administración de Aguas de Langreo adoptó el acuerdo de suspender las inversiones previstas al entender que existían problemas económicos que impedían cumplir los compromisos adquiridos en la Proposición presentada modificando las condiciones del Pliego de Condiciones. Por tanto se entiende necesario iniciar un proceso de exigencia del cumplimiento de las inversiones propuestas por Aqualia en la Proposición para tomar parte en el concurso para la selección del socio privado.

Las inversiones pactadas en el Pliego de Condiciones se han paralizado con la connivencia de los representantes municipales en el Consejo de Administración de Aguas de Langreo. Esta decisión, inaceptable vista la situación de la red de canalización, podría ser constitutiva de administración desleal, que unido a las dudas suscitadas sobre el Pliego de Condiciones, por la asesoría legal que firma el informe solicitado por el Ayuntamiento, podría servir de fundamento para romper el acuerdo con base legal. La exigencia de cumplir con las inversiones puede reforzarse desde la movilización popular por razones de salud, al persistir tuberías de fibrocemento e incluso de plomo.

La reclamación planteada por Aqualia sobre la Retribución al Socio Privado. En los últimos años Aqualia viene reclamando de manera insistente el pago de lo que denomina "Retribución por KNOW-HOW (saber hacer). El Pliego de Condiciones establecía que las empresas interesadas ofertarían un porcentaje fijo sobre la recaudación anual y otro sobre el incremento de la facturación, que fruto de la gestión se produjera.  Puesto que Aqualia propuso un 0% al fijo sobre la recaudación, y un 35% sobre el incremento de la facturación y como es evidente y sin entrar en la razones, un aumento de la facturación no se ha producido, parece que la reclamación de más de 800.000 euros efectuada por Aqualia no se corresponde con lo establecido en las condiciones fijadas en el Pliego.

La reclamación planteada por Aqualia vuelve a poner sobre el tapete el recurso ante los tribunales por una de las dos partes. Ahora o dentro de 15 años, si no antes, la situación se romperá, se trata de elegir desde la ciudadanía el mejor momento para nuestros intereses. Si la legislación actual es claramente favorable a los intereses privados, todo hace prever que esta tendencia se reforzará a corto y medio plazo con el TTIP, por lo que convendría no esperar y sumarnos a las iniciativas que en el resto de España y Europa luchan por defender un servicio público de agua.

A continuación se reproduce la parte del documento referida al conflicto con San Martín.

El contencioso con el Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio por la liquidación debida al exceso de consumo del agua del Raiqoso. Langreo es propietario de la concesión de agua del Raigoso y dentro de las condiciones se establece la cesión de 25 l/s al concejo de San Martín. En los últimos años el Concejo vecino ha venido consumiendo la totalidad del agua del Raigoso de manera gratuita, dándose la paradoja de que los vecinos y vecinas de San Martín pagan menos por el agua que los del Langreo a pesar de consumir agua de una concesión propiedad de Langreo. Las actuaciones realizadas hasta ahora para conseguir llegar acuerdos con el ayuntamiento vecino han fracasado y parece evidente que no hay ninguna intención de resolver esta situación, la tramitación de exigencia de pago se ha puesto en marcha de una manera que hace, de acuerdo con los informes jurídicos, muy complicado conseguir que tengan éxito. Puesto que entendemos que la concesión del agua del Raigoso es patrimonio del Ayuntamiento de Langreo y es obligación de este, defenderlo creemos apropiado iniciar las siguientes actuaciones: a)      Anular la liquidación efectuada al Ayuntamiento deSan Martín b)      Efectuar las  obras   necesarias  para  conexionar  laconducción del Raigoso con la ETAP que permita quelos 100 l/s puedan ser utilizados por los vecinos yvecinas de Langreo. c)       Proceder a la colocación de los caudalímetros y en loslugares establecidos en la concesión del Raigoso. d)      Requerir al Ayuntamiento de San Martin e! inicio de las  negociaciones  para  subscribir  la  firma de  unconvenio   y   de   no   atender   la   petición,   exigir  elcumplimiento  de  las  clausulas  reconocidas  en  el documento de concesión.

Tuberías de amianto y su eliminación responsable en Langreo

En Langreo ha resurgido el debate (con vocación de cerrarlo rápidamente) sobre la gestión del agua, pero no se ha mencionado en ningún momento lo relativo a la red de abastecimiento, en particular la sustitución de conducciones de agua y en concreto de las tuberías de fibrocemento, por las que discurre una parte indeterminada del caudal de agua que llega a nuestras casas.

No pretendo alarmar a nadie, sino plantear la necesidad de un plan de sustitución responsable de estas conducciones para su posterior eliminación, antes de que constituyan un riesgo importante y una amenaza para la salud pública en proporción directa con su antigüedad.

¿Es muy extensa la red de tuberías de fibrocemento en Langreo?.
Es el ayuntamiento de Langreo quien puede decirlo a través de la empresa mixta Aguas de Langreo, que en su origen se comprometió a la renovación de la red de agua.

Según la Encuesta de 2006 de la AEAS, el fibrocemento era entonces el material más común (30% de las redes, unos 45.000 Km.), especialmente en las poblaciones con menor número de habitantes.
En la Encuesta de 2008, esta cifra había bajado hasta el 26,4% (aproximadamente unos 40.000 Km). Por tanto, la extensión del fibrocemento es alta en general.
Esta progresiva disminución de su presencia está relacionada sobre todo con la “vida útil” de estas conducciones.
Según AEAS en las redes de saneamiento el 63%  se encuentra en mal estado, debido a la propia antigüedad de las instalaciones.
Respecto a las redes de abastecimiento, el 32% tiene más de 30 años y el 64% más de 15.

¿Y cuál es la antigüedad de las tuberías de fibrocemento en Langreo?
Es el ayuntamiento de Langreo quien puede decirlo a través de la empresa mixta Aguas de Langreo.

 ¿Cuál es la peligrosidad real de las tuberías de fibrocemento?.
El riesgo más evidente  del fibrocemento se centra en la inhalación de fibras de amianto que se produce por su dispersión en el medio ambiente de restos o por la utilización de técnicas agresivas de corte o abrasión sobre este material sin protección adecuada. 
Para manipular este tipo de materiales se requiere equipos de protección individual de categoría III (mascarilla facial completa autofiltrante motorizada, gafas de protección, guantes de nitrilo y mono desechable sin bolsillos ni costuras).

Dentro de la clasificación de riesgos por amianto, las tuberías están catalogadas como de bajo riesgo por entrar en la condición de material no friable, a no ser que se produzcan reparaciones y cortes sobre las mismas, donde parte de las fibras pueden ser liberadas al aire.
Es el momento donde más riesgo hay de que se genere polvo de amianto, que puede ser perjudicial para la salud.
El problema se daría ante roturas o manipulaciones que requerirían personal equipado con protección y zonas de aislamiento para los trabajos.
El corte de tuberías de fibrocemento suelen derivar de un trabajo de reparación y mantenimiento de materiales con amianto que está explícitamente incluido en el campo de aplicación del RD 396/2006. Estos trabajos tienen lugar generalmente al aire libre, en ciudades o en el campo, sobre conductos aéreos o enterrados.
Estos trabajos de reparación sólo pueden ser realizados por empresas inscritas en el Registro de Empresas con Riesgo de Amianto (RERA) y que dispongan de un plan de trabajo aprobado de acuerdo al citado Real Decreto.
El plan de trabajo consiste en la descripción escrita de la secuencia de operaciones necesarias para la realización de las operaciones, así como los medios materiales y humanos previstos para su ejecución de forma segura y organizada incluyendo desde la preparación de la zona de trabajo hasta la limpieza final.

Recientes estudios, no desprecian el riesgo de las tuberías al ser desgastadas y erosionadas por el agua y por materiales en suspensión. Riesgo que no es inmediato pero que se eleva tras décadas de servicio de las conducciones. La  utilización de tuberías de fibrocemento en el abastecimiento de agua potable puede producir el aumento de los niveles de trilometanos por encima del límite establecido por las autoridades sanitarias en un máximo de 100 microgramos/litro. El desgaste del material tras 40 años de servicio puede llegar reducir su sección en hasta 8 mm. La consecuencia sería que las fibras de amianto quedarían expuestas al contacto con el agua pluvial, residual o potable. ¿Cuál sería su cantidad en posible contacto o suspensión que llegaría al consumo humano? Según varios informes de la OMS empleando el valor de millones de fibras por litro (1 MFL), parece que nuestra agua podría contener un valor de seguridad menor de 7 MFL considerado de riesgo y cercano a 1 o menor que 1. Si en un hogar entran por ejemplo 142 litros de consumo medio establecido en España, estaríamos hablando de 142 millones de fibras de amianto por persona a través del agua del grifo.

Según los estudios de extensión del fibrocemento, bien subiría el porcentaje de población afectada o la concentración de MFL. La mayor parte del consumo se destina a los electrodomésticos del hogar que implicarían la evacuación a la red de saneamiento y otra pequeña parte al consumo directo (2 litros) que implica 2 millones de fibras. A partir de 7 MFL  si se puede establecer relación con aumento de cánceres gastrointestinales según el SDWC y la ATSDR de EEUU. Según la OMS el agua que consumimos puede tener mayor o menor concentración de fibras de amianto. Encontramos fuentes oficiales que nos indican una relación ingesta de agua con fibras de amianto con enfermedades cancerígenas y otras que no encuentran evidencias suficientes de esa relación. En 2013 el Parlamento Europeo aprobó una resolución clara donde hace referencia a la presencia de amianto en las redes de agua y más detalladamente en “el agua potable que se distribuye a través de conductos de amianto-cemento”. Se hace especial hincapié en las enfermedades cancerígenas relacionadas con la inhalación de amianto (cáncer de pulmón y mesotelioma pleural), pero también se menciona que “la ingestión de agua procedente de  tuberías de fibrocemento y contaminadas con dichas fibras, que son reconocidas como riesgo para la salud y pueden tardar varios decenios, en algunos casos más de cuarenta años en manifestarse”.

¿Ante estos datos y estudios es necesaria la sustitución de tuberías de fibrocemento en Langreo?
A pesar de que el fibrocemento con amianto es un grave riesgo para los trabajadores encargados del mantenimiento de las redes y para los vecinos ocasionales que coinciden con las tareas de reparación sin que se tomen medidas de aislamiento y de seguridad, es más que aconsejable su sustitución con las medidas de seguridad estricta que requiere y con el traslado y tratamiento responsable de los residuos. 
Las conclusiones imponen la precaución puesto que con el amianto no hay dosis segura ni riesgo cero de que las enfermedades malignas se den en algunos casos. Tal como destaca el Parlamento Europeo  en su resolución (2012/2065(INI). «no se ha establecido un nivel seguro de exposición al amianto», ya sea por inhalación o por ingesta a través del agua. 
Como la mayor parte de la tuberías son muy antiguas y dan lugar a frecuentes averías, convierten el fibrocemento en material más desmenuzable (friable) y más peligroso. 
Cuando las conducciones se acercan al fin de su vida útil, por ley han de retirarse y depositar en vertederos controlados, en condiciones de seguridad. 

¿Se han tratado las tuberías averiadas en Langreo con las medidas de seguridad adecuadas? 
Queremos creer que si, pero por ignorancia, dejadez, urgencia o economía podrían encontrarse obras de reparación de tuberías sin que se cumplan las estrictas normas legales, poniendo en peligro a los trabajadores y a los vecinos. 
Es el ayuntamiento quien debería vigilar el cumplimiento de  las normas y preservar la salud pública. 

En el caso del agua de abastecimiento empleada como potable, existe la duda razonable de que la servida a través de tuberías de fibrocemento produzca riesgos evidentes. 
Aunque no hay pruebas concluyentes como para el caso del amianto inhalado, sin embargo el principio de precaución aconseja una sustitución urgente de estas conducciones al final de su servicio.  
Por tanto es cada vez más urgente el diseño de un plan de sustitución completa de las conducciones de agua con fibrocemento. 

¿Cuánto supondría la inversión de la sustitución completa de las tuberías de fibrocemento en Langreo?
No importa tanto cuanto, como quién está afectado y quién debe pagar la factura, como en el caso de Nitrastur.

Las tuberías de fibrocemento a base de fibras de amianto y cemento se generalizaron en las redes de agua en España y Europa desde los años 40. En nuestro país es la expresión del auge económico de la industria cementera y del sector de la construcción. La Directiva Europea 1999/77 ya limitaba el uso y comercialización de sustancias como el amianto y por extensión de las tuberías de fibrocemento. Desde 2003 están totalmente prohibidas tanto en usos como en comercialización por la directiva europea 2003/18/CE y se marca su sustitución por otros materiales dada su potencial peligrosidad en el tiempo. Su destino final será un vertedero de residuos no peligrosos, aunque encierra un cierto peligro.  En España, durante periodo que va de 1920 a 1984, para la elaboración del fibrocemento se incorporaba crocidolita o amianto azul. Esta fibra de asbesto (amianto), que es la de mayor potencial carcinógeno, se utilizaba por su elevada resistencia mecánica y a la erosión, en una proporción de hasta un 25%. Ya entre el año 1984 y 2002, para la fabricación del fibrocemento se añadía exclusivamente crisotilo o amianto blanco (fibra de asbesto con menor potencial carcinógeno).

A partir de 2003 como queda prohibido en España el uso y comercialización de todo tipo de amianto en la industria del fibrocemento, ya sólo queda un cuantioso legado de materiales a base de fibrocemento, sobre todo en elementos constructivos. A diferencia de las cubiertas de fibrocemento, que podemos localizar visualmente (las conocidas “uralitas”), y que podrían ser objeto de detección y rastreo, de los cientos de miles de kilómetros de tuberías de fibrocemento que se instalaron en España, tan sólo una parte de ellas es visible. La gran mayoría de estas conducciones están ocultas a nuestra vista, enterradas, bajo nuestras calles, caminos, y campos, o aún en servicio.  Las partes sobrantes de conducciones y construcciones o sobrantes de una instalación, y que no se retiraron en su debido momento, se encuentran dispersas o abandonadas entre la vegetación del entorno. Es la desidia, negligencia e irresponsabilidad de las “autoridades competentes” y nuestra propia indiferencia, la que puede convertir esos restos en verdaderos elementos de riesgo para la salud pública.

El SEPE me lo dio, el SEPE me lo quito, bendito sea su Santo Nombre.

A partir de mi experiencia reciente con el Servicio Público de Empleo, que expongo más abajo, me gustaría hacerles (a los políticos, sindicalistas, etc) las siguientes propuestas para que las tengan en consideración, para mejorar la atención a los desempleados/as más allá de unas prestaciones y subsidios, que permitan cubrir las necesidades vitales:

1.- Procedimiento de atención al parado que garantice la fiabilidad de la información recibida, grabando las entrevistas verbales o reproduciendo por escrito e identificándose el empleado que informa o resuelve la duda o petición planteada.

2.- Procedimiento administrativo fundamentado y garantista que considere nulos los expedientes que vulneren los derechos ciudadanos.

3.- Devolución sin intereses de las prestaciones cobradas indebidamente, después de sentencia de la Jurisdicción Social.

4.- Creación de un Tribunal de Arbitraje que sustituya a la actual Reclamación Previa ante la misma administración actuante, que resulta juez y parte.

5.- Creación de Oficinas municipales de información y asesoramiento legal de los parados frente a las actuaciones del SEPE.

6.- Derogación del artículo 307 del Código Penal en cuanto criminaliza al parado.

Firma la petición en Change.org

Cuando la clínica dental donde trabajaba cerró en 2011 solicité el paro, que me fue concedido en proporción a la jornada trabajada (un 42% en mi caso) por lo que sólo me correspondieron algo más de 300€ al mes los primeros 6 meses, bajando después a menos de 300€.

Finalizada la cobertura, en junio de 2013 solicité el subsidio correspondiente, que se había modificado también para hacerse proporcional a la jornada trabajada; por lo que se me conceden unos 180€ al mes por el subsidio especial de mayores de 45 años con responsabilidades familiares, puesto que mi marido cobraba el subsidio de mayores de 52 años, compatibilizándolo con trabajos esporádicos y parciales, según constaba en los registros del SEPE.

En 2014 pregunté si me correspondería la Renta Activa de Inserción, que siendo de 426€ me interesaba más. Entonces y en cada renovación del subsidio se me dijo que no me correspondería hasta que no agotase el subsidio, y en cada ocasión, y por distintos empleados de prestaciones del SEPE en la oficina de La Felguera, se me decía que si las rentas familiares no superaban los 800 euros y pico, debía agotar el subsidio.

En diciembre de 2015 agoté el subsidio y solicité la RAI con fecha de 04-12-2015.

En lugar de una respuesta a mi solicitud en el plazo de 15 días que marca la ley, recibo una propuesta de extinción de prestaciones y de percepción indebida de la misma por SUPERAR RENTAS y, sin más se me reclaman 4347,40€, con un número de cuenta para hacer el ingreso, dándome 15 días para hacer las alegaciones que considerase oportuno, todo ello envuelto en diversos artículos de distintas leyes.

Ante este regalo navideño de la administración, solicito cita en la oficina del SEPE en La Felguera, donde la empleada que me atiende no encuentra que se superen rentas y va a consultarlo con otro empleado, que me explica que se supervisan aleatoriamente los expedientes y que me había “tocado” a mí y a otros/as.

Dado que fueron varios empleados distintos y en cada renovación semestral, los que entendieron que no se superaban los 800€, con mis datos y los de mi marido a su disposición, pedí hablar con la Directora de Prestaciones de la oficina, para que aclarase el asunto y me diese copia del expediente sancionador y la documentación que fundamentaba el hecho de la superación de rentas.

La directora niega que exista ninguna documentación o expediente y señala que los 4347,40€ se pueden devolver hasta en 60 meses con un interés. (interés que puede variar con el precio del dinero y que, en 60 meses se queda en 4750,52€ y una cuantía mensual de 79,18€).

También pone a mi disposición una hoja de alegaciones que puedo rellenar allí mismo, como ella sugiere.

Al tener 15 días hábiles para hacerlo, aprovecho junto a mi marido para consultar la ley y asesorarnos e informarnos, comprobando además que no soy la única y que, al menos en esta oficina, hay muchos desempleados/as en la misma situación.

Dentro del plazo de alegaciones presenté 4 escritos:

1º.- El 28-12-2015 reclamo los documentos del procedimiento para poder alegar.

2º.- El 07-01-2016 alego diversos incumplimientos del procedimiento que suponen indefensión, a mi entender.

3º.- El 08-01-2016 insisto en solicitar copia de la documentación, así como la identidad del instructor.

4º.- El 11-01-2016 aporto un enlace sobre una reclamación ante el Defensor del Pueblo en cuya resolución se cuestiona la inteligibilidad de los requisitos de renta para los subsidios del paro.

Antes de vencer el plazo de alegaciones, con fecha de 08-01-2016 se me envía la resolución de extinción y la percepción indebida con reclamación de cantidades, considerando un hecho que en la tramitación del expediente se han seguido las formalidades legales y que se ha producido una percepción indebida durante el periodo de 04-12-2013 al 30-11-2015 por pérdida de responsabilidades familiares (ingresos del conyugue) .

En todo momento se presume mi culpabilidad y se me traslada la carga de la prueba. Soy yo quien tiene que aportar documentación que demuestre mi inocencia, cuando he seguido de buena fe las indicaciones verbales de los empleados que me atendieron.

Parece ser, que conforme a la ley, aunque el error sea del empleado público, las cantidades cobradas indebidamente deben devolverse por el desempleado con interés de demora; pero además también resulta sancionado con la extinción de la percepción de la prestación o subsidio reconocidos, no pudiendo acceder a ninguna prestación o subsidio que pudiese corresponder por el agotamiento del derecho extinguido.

No bastando con ello, tenemos la amenaza del artículo 307. Ter.1. del Código Penal con penas de cárcel o multa para la “delincuente” y sus colaboradores necesarios (léase mi marido).

Frente a esta resolución del SEPE sólo cabe reclamación previa a la Jurisdicción Social, ante el mismo organismo sancionador, la Dirección Provincial del SEPE; en el plazo de 30 días hábiles, los mismos que tengo para devolver el dinero reclamado o solicitar su fraccionamiento por “falta de liquidez de la unidad familiar”, lo que solicito con fecha de 19-02-2016 y se me concede con fecha de 26-02-2016, indicándoseme que el ingreso de las cantidades (79,81€ mensuales)  se realizará entre el día 1 y 5 de cada mes debiendo entregar copia del boletín de ingreso en mi oficina del Servicio Público de Empleo, todo ello bajo la amenaza de la Vía de apremio y el correspondiente recargo del 20%.

Paralelamente, con fecha de 26-01-2016, presento la Reclamación previa alegando defectos de forma en la tramitación e indefensión.

Al vencer los plazos sin respuesta, se considera silencio administrativo, y solicito abogado de oficio para iniciar procedimiento ordinario ante el Juzgado de lo Social.

Es después de notificar al SEPE la solicitud de abogado de oficio, cuando recibo respuesta desestimatoria a la Reclamación previa, fuera totalmente de plazo.

Nombrado el abogado e iniciado el procedimiento, compruebo que sigo sin respuesta a la solicitud de la RAI, por lo que, con fecha de 10-05-2016 la reclamo por escrito y se me deniega, por partida doble (en la oficina de La Felguera y por correo) con fecha del día 11-05-2016, sin más explicación escrita de la demora de meses para un trámite con un plazo de 15 días.

Verbalmente, en la oficina, se me dice que la habían parado pendientes de la resolución del expediente y que después se les pasó tramitarla a la Dirección Provincial, donde no constaba su existencia como me indican por teléfono.

Naturalmente, y de nuevo, puedo interponer ante la Dirección Provincial actuante, reclamación previa a la vía jurisdiccional social en el plazo de 30 días.

Reclamación previa que presento en la oficina de La Felguera el 13-06-2016 a la espera de una respuesta o del silencio administrativo de rigor.

Mientras tanto vivimos dos personas con un subsidio de 426€ del que hay que descontar 79,18€ de la devolución mensual y 8€ de tasas bancarias al no alcanzar nuestra “nómina” los 600€.

Durante estos meses he presentado varias quejas-sugerencias como elemento de ayuda para la mejora de la administración, según establece el RD 951/2005, obteniendo una respuesta genérica y vacía:

Lamentando que mi experiencia con sus servicios no haya sido de mi entera satisfacción.

Sienten mi malestar y me piden disculpas, agradeciendo mis escritos que les servirán, dicen, para analizar y estudiar la gestión que se presta en la unidad administrativa objeto de reclamación. 

Ver más
Ley de vagos y maleantes para demandantes de empleo
Expediente sancionador del SEPE
El SEPE ante el Defensor del Pueblo
Acoso a los parados por la vía de urgencia
Código penal para los parados
Derechos de los ciudadanos ante la administración.

Carta Servicios SEPE

REAL DECRETO 951/2005, de 29 de julio, por el que se establece el marco general para la mejora de la calidad en la Administración General del Estado.
Artículo 8. Definición.
1. Las cartas de servicios son documentos que constituyen el instrumento a través del cual los órganos, organismos y entidades de la Administración General del Estado informan a los ciudadanos y usuarios sobre los servicios que tienen encomendados, sobre los derechos que les asisten en relación con aquellos y sobre los compromisos de calidad en su prestación.

Carta de Servicios 2015 - 2018. (descargar PDF)
La Carta de Servicios se ha convertido en un importante instrumento de gestión interna y motor de la mejora continua del Servicio Público de Empleo Estatal, que exige una revisión periódica de compromisos y contenidos para su adecuación a la nueva realidad del organismo.

MISIÓN
Contribuir al desarrollo de la política de empleo, gestionar el sistema de protección por desempleo y
garantizar la información sobre el mercado de trabajo para conseguir la inserción y permanencia en el mercado laboral de los trabajadores y la mejora del capital humano de las empresas, con la colaboración de los Servicios Públicos de Empleo Autonómicos y demás agentes del ámbito laboral.

VISIÓN
Alcanzar la excelencia en la gestión de nuestros servicios a la ciudadanía, aprovechando las nuevas tecnologías, y liderar la contribución del Sistema Nacional de Empleo para incrementar la calidad del mercado de trabajo.

Estas declaraciones contrastan con la realidad:
Ley de vagos y maleantes para demandantes de empleo
Expediente sancionador del SEPE
El SEPE ante el Defensor del Pueblo
Acoso a los parados por la vía de urgencia
Código penal para los parados
Derechos de los ciudadanos ante la administración.
Propuestas para mejorar la atención en el SEPE   FIRMA EN APOYO DE ESTAS PROPUESTAS.
(Ver pdf completo con la barra lateral)

Amagar y no dar ... ni agua

Unos decían que si, otros decían que no ... y Aqualia (FCC) se forró.
El equipo de gobierno municipal y el grupo socialista se han enzarzado en un rifirrafe, a través de los medios de comunicación sobre Aguas de Langreo.
- Ambos quieren a los vecinos como espectadores de su elocuencia sin capacidad de decisión activa.
- Ambos quieren ocultar la raíz profunda del problema: la privatización de servicios públicos en beneficio de grandes empresas y sus adláteres.

A finales de marzo en La Nueva españa "Langreo sopesa disolver la empresa mixta de aguas por falta de inversiones", en base a un informe de un despacho de abogados de Oviedo al que ha tenido acceso LNE, aunque, con posterioridad ha sido negado a este vecino.

En escrito de 4/04/2016 solicitaba: - Copia del Informe sobre Aguas de Langreo elaborado por un despacho de abogados de Oviedo así como la copia del Informe de julio de 2015

 emitido por la Intervención Municipal que sirvió de referencia al primero.
- Asambleas públicas informativas con los vecinos, para explicar como se ha llegado a esta situación y las consecuencias de una disolución de Aguas de Langreo o una resolución del contrato con Aqualia.
- No tomar ninguna resolución sin consultar con los vecinos.

En el periódico se dice que será debatido en Pleno pero, y pese a la gravedad de las afirmaciones del informe, no lo es en el ordinario de abril, que además de cuestiones administrativas sólo aborda una moción sobre la Reforma Sanitaria del Partido Popular, para pedir su derogación.

En el Pleno y a pregunta del que suscribe, se dice por parte del alcalde que, con posterioridad al Informe citado, Aqualia ha presentado su propio informe, y que faltaría más que se decidiese nada sin consultar a los vecinos, pero que los informes no son públicos ni transparentes.

No obstante lo anterior, y esta vez en El Comercio, el equipo de gobierno renuncia a disolver la empresa mixta de aguas porque cree que acarrearía «más perjuicios que beneficios» según se desprende, en su experta opinión, del informe solicitado.
A la vez, y en La Nueva España, se resalta que el Ayuntamiento de Langreo renunciará a reclamar a San Martín del Rey Aurelio los 1,3 millones por exceso de consumo, en el aprovechamiento de la traída de agua del Raigosu en los últimos cinco años.
La renuncia a exigir el abono se basa en los informes jurídicos solicitados, que destacan que será complicado que el requerimiento tenga éxito.
Éstas son algunas de las propuestas del gobierno local (IU y Somos), que han sido trasladadas al resto de partidos y que serán "explicadas a los vecinos" en una asamblea antes de su debate en el pleno.

Además el equipo de gobierno reclama 6 millones de euros de inversiones pendientes, que en 2011, el Consejo de Administración de Aguas de Langreo acordó suspender al entender que "existían problemas económicos que impedían cumplir los compromisos adquiridos". (Rescatando a Aqualia).

Las actas del Consejo de Administración, del que forman parte mayoritaria representantes municipales, no están afectadas por la ley de transparencia, por lo que no son públicas (tampoco las afecta la ley de secretos oficiales, pero algunos prefieren que no se conozcan sus posicionamientos).

Alcalde y concejal hacen referencia al asunto del canon de nueve millones de euros -que puso Aqualia sobre la mesa para inversiones- y que se convirtió en un préstamo a 25 años. «Aunque los juzgados ya han dado la razón a la mercantil, este asunto tiene otras derivas políticas de quien permitió esta situación».

Por alusiones, y también en El Comercio, responde la portavoz socialista en el Ayuntamiento, que la estrategia del gobierno local para rentabilizar la empresa mixta del servicio de aguas es «una bomba que carece de temporizador».

Bomba que activó en 2006 el gobierno municipal socialista, ignorando los intereses de los vecinos (ver "Con el agua de Langreo al cuello") y su obligación legal de garantizar el agua y su calidad a la ciudadanía a riesgo (poco probables) de ser acusados de administración desleal.

- Olvidan ambos "contendientes dialécticos" la raíz profunda del problema: la privatización de servicios públicos en beneficio de grandes empresas, en base a una legislación sometida a sus intereses en el ámbito local, nacional e internacional (con los TTIP en boca de algunos, pero ignorando el precedente de los procesos privatizadores nacionales y el rescate de la banca, Castor, Autopistas y un largo etc.).
- Mantienen a los vecinos como espectadores de su facundia limitando su capacidad de decisión en esta materia a la participación en una "asamblea informativa", ignorando deliberadamente otros mecanismos de información y consulta como la "Audiencia Pública" y la "Consulta Popular" del Estatuto de Participación Ciudadana.

Artículo 13. EPC Audiencia Pública.- Con el objeto de informar a los ciudadanos oralmente por parte del equipo de gobierno sobre actuaciones político-administrativas, recibir sugerencias o propuestas, se crea la figura de la Audiencia Pública. La Audiencia Pública consiste en hacer sesiones específicas abiertas a todos/as los ciudadanos/as que lo deseen, para ser informados y escuchados respecto de temas de competencia municipal y se realizará bien por Distritos, bien por materias. La Alcaldía convocará audiencia pública a iniciativa propia o a petición de ...

Artículo 14. EPC De la Consulta Popular.- La Consulta popular puede ser solicitada tanto por iniciativa institucional como por iniciativa popular o ciudadana. Por iniciativa institucional; la Alcadía, conforme al art. 71 de la Ley de Bases del Régimen Local, previo acuerdo con la mayoría absoluta de Pleno y autorización del Gobierno de España, podrá someter a consulta popular aquellos asuntos de la competencia municipal y de carácter local que sean de especial relevancia para los intereses de los ciudadanos/as, con excepción de los relativos a la Hacienda Local.

Respuesta a escrito de diciembre de 2015.

 Los Estatutos de la Sociedad de economía mixta para la gestión de los servicios públicos municipales de abastecimiento de agua y saneamiento del Concejo de Langreo, dejan en manos de la gerencia privada la práctica totalidad de las decisiones, bajo el control formal y poco eficaz del Consejo de Administración.

De la cuenta de resultados de Aguas de Langreo de 2014 se deduce una situación crítica.

De un activo total de 11.387.104 €, 9.832.083€ corresponden a inmovilizado intangible (Activos no monetarios, sin apariencia física susceptible de valoración económica, como: gastos de investigación, desarrollo, concesiones administrativas, propiedad industrial, fondo de comercio, derechos de traspasos, aplicaciones informáticas, anticipos, etc.) con 2 cuentas: la 280 de amortización acumulada del inmovilizado intangible y la 290 de deterioro del valor del inmovilizado intangible muy preocupantes.

 Del pasivo se desprende que en 2013 el resultado fue negativo en 261.564€ y que el pasivo no corriente suma 7.117.754€ que se concreta en deuda con la parte mercantil (Aqualia)

Parece pues necesaria una auditoría a fondo y una revisión del modelo de gestión de Aguas de Langreo y acciones políticas y jurídicas en defensa del interés de la ciudadanía con la movilización de esta mediante la información sistemática y rigurosa y la planificación de actuaciones que sitúen el foco en el aspecto político más allá del estrictamente jurídico.