Ayudas de emergencia ... en Langreo

El Reglamento (PDF) tiene por objeto establecer el marco general de las Ayudas Económicas de Emergencia Social y Primer Nivel de Infancia, regulando los conceptos, cuantías y los requisitos necesarios para acceder a las mismas, así como el procedimiento para su tramitación, gestionadas por los Servicios Sociales Municipales de Langreo.

Anuncio. Aprobación inicial del Reglamento para concesión de ayudas económicas de emergencia social y primer nivel de infancia del Ayuntamiento de Langreo. ... Se somete a información pública el expediente por el plazo de treinta días hábiles a contar desde la publicación del presente anuncio en el BOP de Asturias. Durante el plazo señalado la citada documentación se podrá examinar en las oficinas de Servicios Sociales Municipales de Sama, de lunes a viernes de 9 a 14 horas, así como presentar las reclamaciones y sugerencias oportunas, en el Registro General del Ayuntamiento, mediante escrito dirigido a la Alcaldía.

Se consideran Ayudas Económicas de Emergencia Social, aquellas prestaciones de naturaleza económica y carácter extraordinario, destinadas a prevenir, evitar o paliar situaciones de necesidades básicas apremiantes. 
Están dirigidas a personas o unidades familiares que carezcan de medios económicos con las que cubrir las necesidades más básicas y en las que concurran factores de vulnerabilidad social.

Tienen un carácter de respuesta a situaciones excepcionales y/o de temporalidad definida, y sirven como apoyo a procesos de integración en el contexto de la intervención social, que se esté llevando a cabo con la unidad familiar desde los Servicios Sociales.

1. Ayudas económicas de emergencia. Estas ayudas pueden ser concedidas por diversos conceptos: 1.1.—Ayudas ordinarias. a) Ayudas para cobertura de necesidades básicas (Alimentación, artículos de higiene). b) Ayudas para gastos ordinarios de alquiler/ hipoteca y suministros básicos de la vivienda habitual (Comunidad, luz, agua y gas). 1.2.—Ayudas extraordinarias. Destinadas a situaciones graves de necesidad que no puedan ser atendidas por otros recursos en ese momento por su urgencia, y como consecuencia de hechos imprevistos, a los que no se pueda hacer frente.

Requisitos generales.
Para ser beneficiarios de las ayudas económicas se habrán de cumplir:
• Estar empadronado y residir en este Municipio de forma ininterrumpida al menos con un año de antelación a la fecha de presentación de la solicitud (hay excepciones).
• Ser mayor de 25 años (hay excepciones).
• No disponer de recursos económicos por cualquier concepto, o que éstos no sean superiores a los establecidos en los baremos económicos regulados ...

Baremo Ayudas económicas emergencia N.º miembros familia  Ingrs mes máx. 1 440 2 538 3 609 4 680 5 711 6 o más 728

• Constituir una unidad económica de convivencia independiente como mínimo desde los seis meses anteriores a la solicitud, a excepción de que existan menores en la unidad de convivencia.
• Acreditar la situación de necesidad mediante la documentación pertinente establecida.
• No haber renunciado, ni el solicitante, ni cualquier otro miembro familiar, a solicitar cualquier ayuda, recurso, prestación al que pudiera tener derecho para cubrir la necesidad.
• En caso de haber sido beneficiario de alguna de las ayudas con anterioridad, que éstas hayan sido destinadas al objeto para el que fue concedida, con la aportación de justificantes del gasto correspondiente.
• Aceptar el Plan de Intervención individual o familiar y cumplir los compromisos establecidos para la concesión de la misma.

• No disponer de bienes inmuebles distintos a la vivienda habitual, sobre los que posea un derecho de propiedad, posesión o usufructo o cualquier otro que por sus características pueda ser explotado o vendido.  No obstante en el supuesto de estar en posesión de dichos bienes, su valor catastral será prorrateado y computado mensualmente como ingresos.

• No disponer de ahorros o rendimientos de capital mobiliario con los que poder hacer frente a la ayuda que solicita.

• Permanecer inscritos de manera continuada como demandantes de empleo.
• Si en una misma unidad de convivencia, existieran varias personas que pudieran ser beneficiarias de una Ayuda de Emergencia Social, solo se otorgará la ayuda a una de ellas.
• Cumplir con la escolarización y asistencia regular a clase de los menores en edad escolar obligatoria.
Será preceptivo para la concesión de estas ayudas el Informe Social-Ficha Técnica, la hoja de compromisos y/o Proyecto Personalizado de Intervención Social (PPIS), según la modalidad de la ayuda.

Cuantía de concesión.
En función de las necesidades planteadas y del diagnostico social, valoración y Propuesta realizada por el Trabajador Social o Educador Familiar, se establecen las siguientes cuantías máximas a conceder según el tipo de ayuda solicitada.
Como norma general, el número máximo de ayudas a percibir al mismo tiempo, no excederá de dos tipos de ayudas, bien sean de carácter ordinarias o extraordinarias, salvo casos excepcionales debidamente fundamentados.


Para la valoración definitiva de la ayuda solicitada, se tendrá en cuenta las causas de extinción, denegación o suspensión de la prestación de salario Social Básico, u otras de naturaleza similar imputadas al solicitante, en cuyos casos se podrá ver reducida la cuantía a conceder.

Ayudas para necesidades Básicas de alimentación N.º Miembros  Cuantía máx/mes 1 125 2 175 3 225 4 275 5 325 6 375

Ayudas gastos ordinarios vivienda (alquiler, hipoteca, comunidad, luz, agua y gas) N.º Miembros  Cuantía máx/mes 1 315 2 363 3 384 4 405 5 386 6 353

El decreto es más amplio y aborda aspectos susceptibles de debate, pero hay uno particularmente llamativo o novedoso: la inclusión de bienes inmuebles y muebles como "ingresos" de la unidad familiar, como ya se hace en el Salario Social y que merece alguna matización. 

La que suscribe expone: Que habiéndose publicado en el BOPA con fecha de 23-01-2017 el Reglamento para la concesión de ayudas económicas de Emergencia Social del ayuntamiento de Langreo; incluyendo entre los requisitos para acceder a ellas el "No disponer de bienes inmuebles distintos a la vivienda habitual, sobre los que posea un derecho de propiedad, posesión o usufructo o cualquier otro que por sus características pueda se explotado o vendido. ..." Con este requisito se reproduce casi literalmente otro de los del Salario Social del Principado, cuya no concesión en razón de ello está en el origen inmediato de la situación de Emergencia Social en muchos casos. Dada la gravedad de la crisis económica, en muchos casos la segunda vivienda u otro tipo de bien inmueble es cedido, sin beneficio económico, a familiares de primer grado para su uso personal.

Por lo anterior solicito: Que se considere esta cesión, debidamente acreditado su uso, como excepción al requisito citado en relación a los bienes inmuebles distintos a la vivienda habitual.

CODIGO CIVIL Artículo 334.
Son bienes inmuebles:
1.º Las tierras, edificios, caminos y construcciones de todo género adheridas al suelo.
2.º Los árboles y plantas y los frutos pendientes, mientras estuvieren unidos a la tierra o formaren parte integrante de un inmueble.
3.º Todo lo que esté unido a un inmueble de una manera fija, de suerte que no pueda separarse de él sin quebrantamiento de la materia o deterioro del objeto.
4.º Las estatuas, relieves, pinturas u otros objetos de uso u ornamentación, colocados en edificios o heredades por el dueño del inmueble en tal forma que revele el propósito de unirlos de un modo permanente al fundo.
5.º Las máquinas, vasos, instrumentos o utensilios destinados por el propietario de la finca a la industria o explotación que se realice en un edificio o heredad, y que directamente concurran a satisfacer las necesidades de la explotación misma.
6.º Los viveros de animales, palomares, colmenas, estanques de peces o criaderos análogos, cuando el propietario los haya colocado o los conserve con el propósito de mantenerlos unidos a la finca, y formando parte de ella de un modo permanente.
7.º Los abonos destinados al cultivo de una heredad, que estén en las tierras donde hayan de utilizarse.
8.º Las minas, canteras y escoriales, mientras su materia permanece unida al yacimiento, y las aguas vivas o estancadas.
9.º Los diques y construcciones que, aun cuando sean flotantes, estén destinados por su objeto y condiciones a permanecer en un punto fijo de un río, lago o costa.
10. Las concesiones administrativas de obras públicas y las servidumbres y demás derechos reales sobre bienes inmuebles.

Trabajos temporales de colaboración social

Las Administraciones Públicas pueden, desde 1982, exigir a los perceptores de prestaciones de desempleo la realización de unos trabajos de colaboración social, entendidos como aquellos que han de ser de utilidad social y redundar en beneficio de la Comunidad, percibiendo el trabajador un complemento fijado en la diferencia entre la prestación percibida y el importe total de la base reguladora correspondiente a la prestación de desempleo que esté percibiendo o la que hubiera finalizado si fuera perceptor del subsidio.

La realización de tales trabajos no implica la existencia de relación laboral entre el desempleado y la entidad en que se presten dichos trabajos.
La duración de estos trabajos será siempre temporal (LGSS art.213.3.b; RD 1445/1982 art.38), y nunca pueden tener una mayor duración que la que le falte al trabajador para percibir la prestación de desempleo reconocida.

Este tipo de contrato es particularmente interesante para administraciones locales con proyectos de dinamización económica y social en municipios con una tasa de paro elevada, como es el caso de Langreo.
Relacionando capacidades de los desempleados registrados en la oficina del SEPE local (La Felguera) con los proyectos en cartera (o viables económicamente a corto y medio plazo tanto municipales, como de asociaciones sin ánimo de lucro) se pueden desarrollar iniciativas innovadoras a escala local a un coste mínimo en cuanto a mano de obra cualificada y sin cualificar.

Desgraciadamente este contrato, así como los derivados de los Planes de Empleo, suelen acabar orientándose a cubrir actividades que son propias del ayuntamiento y tienen carácter indefinido en sí mismas, por lo que terminan por presentarse reclamaciones que suponen un coste añadido inasumible.

El Tribunal Supremo ha venido entendiendo que el “carácter temporal" de los servicios prestados en el mencionado régimen de colaboración social de los desempleados es debido al vínculo de colaboración establecido entre las partes, y no a la temporalidad de las obras o trabajos en los que el desempleado participa por asignación de la entidad gestora, ya que no afecta el hecho de que se trate de tareas o cometidos permanentes y habituales de la Administración Pública.  Consecuencia importante de todo ello es que su cese, a la finalización de la correspondiente prestación de desempleo, no puede ser considerado, en ningún caso, como un despido (hasta comienzos de 2014).

RD 1445/1982, de 25 Medidas de Fomento del Empleo.
CAPÍTULO V Trabajos temporales de colaboración social

Art. 38. Uno. Las Administraciones Públicas podrán utilizar trabajadores perceptores de las prestaciones por desempleo sin pérdida para éstos de las cantidades que en tal concepto vinieran percibiendo, en trabajos de colaboración temporal que cumplan los siguientes requisitos: a) Que sean de utilidad social y redunden en beneficio de la comunidad. b) Que tengan una duración máxima de cinco meses. c) Que se realice en el ámbito de la Oficina de Empleo en que el trabajador esté registrado. d) Que coincida con las aptitudes físicas y profesionales del trabajador desempleado. Dos. A los efectos consignados en el número anterior, las Administraciones Públicas deberán solicitar de las correspondientes Oficinas de Empleo los  trabajadores desempleados que necesiten, con indicación de sus especialidades o categorías.  Las Oficinas de Empleo seleccionarán a los trabajadores desempleados necesarios para atender a la referida solicitud, pudiendo determinar, en su caso, la rotación de los mismos o su sustitución en caso de colocación. Tres. Los trabajadores perceptores de las prestaciones por desempleo vendrán obligados a realizar los trabajos de colaboración social para los que hubieran  sido seleccionados.  La renuncia no motivada de los mismos dará lugar a la suspensión de las prestaciones por desempleo durante un período de seis meses, de acuerdo con lo  establecido en el artículo veintidós punto dos de la Ley Básica de Empleo. Cuatro. Los trabajadores que participen en la realización de las obras, trabajos o servicios a que se refiere el número uno de este artículo tendrán derecho a percibir con cargo al INEM las correspondientes prestaciones por desempleo.  Las Administraciones Públicas completarán, mientras realicen tales trabajos, las referidas prestaciones hasta el importe total de la base para el cálculo de las mismas. Cinco. Las Administraciones Publicas que realicen trabajos de colaboración social mediante los servicios prestados por trabajadores desempleados deberán ingresar en la Tesorera General de la Seguridad Social las cuotas correspondientes por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

Art. 39. Uno. Las Administraciones Públicas que pretendan realizar una obra, trabajo o servicio de las características antes reseñadas, deberán acompañar junto con su solicitud documentación acreditativa de los siguientes extremos: a) La obra, trabajo o servicio que se vaya a realizar y su exacta localización. b) La utilidad social de tales obras, trabajos o servicios. c) La duración prevista tanto del total de la obra, trabajo o servicio, como de la actuación de los trabajadores por especialidades y categorías. d) El compromiso de abonar a los trabajadores la diferencia entre las cantidades que perciben en concepto de prestaciones por desempleo y el importe total de la base para el cálculo de las mismas, así como de costear los desplazamientos que los trabajadores tuvieran que realizar. Dos. Las Administraciones Públicas podrán solicitar del Instituto Nacional de Empleo, en su caso, la formación profesional necesaria para la adaptación de los trabajadores a las tareas que se les asignen.  Esta prestación será siempre gratuita y prioritaria. Art. 213.3 de la Ley General de la Seguridad Social Los trabajos de colaboración social que la entidad gestora puede exigir a los perceptores de prestaciones por desempleo no implicarán la existencia de relación laboral entre el desempleado y la entidad en que se presten dichos trabajos, manteniendo el trabajador el derecho a percibir la prestación o el subsidio por desempleo que le corresponda. La entidad gestora promoverá la celebración de conciertos con Administraciones Públicas y entidades sin ánimo de lucro en los que se identifiquen, en las condiciones que reglamentariamente se establezcan, dichos trabajos de colaboración social que, en todo caso, deben reunir los siguientes requisitos: a) Ser de utilidad social y redundar en beneficio de la comunidad. b) Tener carácter temporal. c) Coincidir con las aptitudes físicas y formativas del trabajador desempleado. d) No suponer cambio de residencia habitual del trabajador.

El Tribunal Supremo tras las sentencias dictadas en diciembre de 2013 ha considerado que la utilización por parte de las administraciones públicas de los obligatorios trabajos de colaboración social para la realización de servicios que se corresponden con actividades normales y permanentes, sin que se haya justificado ningún hecho determinante de temporalidad, es fraudulenta y no juega la exclusión de laboralidad. 
Entiende que la temporalidad no está en función de la duración máxima del vínculo, relacionado con la de la prestación de desempleo, sino que debe predicarse del trabajo objeto del contrato.
Por ello, al no existir causa válida de temporalidad, la finalización de los denominados trabajos de colaboración social en dichas condiciones, constituye un despido improcedente por fraude en el contrato temporal.
Esta doctrina ha sido reiterada en sentencia posterior.


Para salvar el “escollo”, se ha introducido una disposición adicional segunda en el Real Decreto-ley 17/2014, de medidas de sostenibilidad financiera de las Comunidades Autónomas y entidades locales.

La fundamentación que dan para saltarse, de forma temporal, la posibilidad de seguir utilizando este tipo de contratación para realizar actividades normales de la Administración, es: “(…) La provisión por las Administraciones Públicas de los recursos humanos necesarios para la realización de las tareas que actualmente se desarrollan a través de esas formas de colaboración exige por mandato legal la previa dotación y provisión de los respectivos puestos de trabajo. Con el fin de evitar que en tanto se dé cumplimiento a tales procedimientos los servicios públicos correspondientes carezcan de los recursos humanos correspondientes, se habilita para que quienes ya desarrollaban dicha colaboración puedan continuar haciéndolo hasta la finalización de la percepción de sus prestaciones. En esta modificación normativa concurre extraordinaria y urgente necesidad al otorgarse una solución inmediata que otorga certeza y seguridad jurídica a la Administración y mayores garantías para los desempleados que vienen realizando trabajos de colaboración social.”

Así, los perceptores de prestación por desempleo que hubieran iniciado la realización de trabajos de colaboración social en las Administraciones Públicas con anterioridad al 27 de diciembre de 2013 y que continúen desarrollando dicha colaboración a la entrada en vigor de este Real Decreto-ley, podrán seguir desarrollando dicha colaboración hasta la finalización de la percepción de sus prestaciones, con sujeción a dicho régimen legal, cualesquiera que sean las actividades que desarrollen para la Administración correspondiente.

¿Qué pasará con Aguas de Langreo a corto y medio plazo?

PROPUESTA DE ACUERDO DEL PLENO MUNICIPAL SOBRE AGUAS DE LANGREO



Ayer día 13 de julio, convocado por los dos partidos que sustentan al Equipo de Gobierno municipal se celebró una Asamblea informativa en relación con las propuestas que el Equipo de Gobierno piensa presentar en el Pleno Municipal.

Con recuadro amarillo se reproduce el documento distribuido y en el margen derecho se comenta lo expuesto, tanto en el documento, como en la Asamblea.

INTRODUCCIÓN En el año 2006 se crea la empresa Aguas de Langreo con un capital social de 1,8 millones de euros, el ayuntamiento aporta 918.000 euros, el 51%, y Aqualia 882.000 euros, el 49%., la creación de esta empresa generó un amplio debate político y social que se ha mantenido en el tiempo. Su objetivo y así consta en el Pliego de Condiciones, la gestión de los servicios correspondientes al ciclo integral del agua en Langreo. Evidentemente nos encontramos ante una empresa de mayoría de capital público y en consecuencia de obligado control por los órganos municipales. Los vecinos y vecinas deben conocer las decisiones que se toman en los diversos órganos de gestión de la sociedad de economía mixta, consejo de administración y junta general de accionistas. Desde su creación el Pleno del Ayuntamiento no han tenido oportunidad de debatir y posicionarse sobre las decisiones estratégicas que los representantes del ayuntamiento deben afrontar en Aguas de Langreo, en consecuencia parece oportuno iniciar una nueva etapa en la que forme parte de las tareas del Pleno municipal posicionarse sobre los asuntos importantes que afecten a la empresa mixta y en ese sentido se han solicitado diversos informes que permitan tener la información necesaria para la toma de decisiones.

Para estructurar este debate de una manera ordenada se podrían establecer cuatro bloques: a)      Las obligaciones y condiciones de financiación de Aguas de Langreo. b)      La  situación  de  las  inversiones comprometidas  en  el Pliego de Condiciones y suspendidas por acuerdo del Consejo de Administración de la empresa en el año 2011. c)       La reclamación planteada por Aqualia sobre la Retribución al Socio Privado. d) El contencioso con el Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio de la liquidación debida al exceso de consumo del agua del Raigoso.

Por parte de algunos de los participantes en la Asamblea se cuestiona la pertinencia de incluir el contencioso con San Martín junto al tema de Aguas de Langreo, posición que comparto. Así mismo quiero insistir en que una convocatoria de partidos, no tiene el mismo respaldo que una convocatoria abierta de Audiencia Pública, desde el propio ayuntamiento. Y la documentación aportada para fundamentar la posición defendida por el Equipo de Gobierno es totalmente insuficiente para hacerse una idea exacta de la situación.

Las obligaciones y condiciones de financiación de Aguas de Langreo. En el Pliego de Condiciones por el que se seleccionó al socio privado en el artículo 19.2 se establece "El socio privado estará obligado a financiar a la empresa mixta en las condiciones habituales del mercado, pudiendo esta optar libremente por acudir a financiación externa o a la que proporcione aquel en función de la oferta más ventajosa en cada momento se realice".  Evidentemente esto no está ocurriendo puesto que la financiación del canon demanial se hace con unos intereses, 4,4%, muy por encima de los de mercado generando diferencias valoradas en más de 2 millones de euros. En consecuencia se debe exigir al socio privado el cumplimiento de los compromisos contractuales y la posible devolución de lo incorrectamente satisfecho por Aguas de Langreo.

El Pliego de Condiciones es interpretado de distinta manera por la representación pública (51%) de Aguas de Langreo y la privada (Aqualia 49%). Se plantea la exigencia al socio privado de que acepte la interpretación del Equipo de Gobierno, lo que no va a ocurrir, por lo que una de las dos partes habrá de ir a los tribunales donde, por lo que se dice, tenemos todas las de perder. Posición también discutible, o muy matizable pues ahí está el ejemplo de Torrelavega que remunicipalizo el servicio frente a los mismos socios privados Aqualia (FCC). Ver www.iniciativagua2015.org

La situación de las inversiones comprometidas en el Pliego de Condiciones y suspendidas por acuerdo del Consejo de Administración de la empresa en el año 2011. Quienes defendieron la necesidad de la creación de la Empresa Aguas de Langreo colocaron las inversiones a realizar por la sociedad mixta como uno de los elementos más importantes a valorar. Desde su creación existen diversos informes sobre la inversiones realizadas pero es evidente que se podrían estimar en 5 millones de euros las que están pendientes, según el cronograma presentado por Aqualia ganadora del concurso de selección. En el año 2011 el Consejo de Administración de Aguas de Langreo adoptó el acuerdo de suspender las inversiones previstas al entender que existían problemas económicos que impedían cumplir los compromisos adquiridos en la Proposición presentada modificando las condiciones del Pliego de Condiciones. Por tanto se entiende necesario iniciar un proceso de exigencia del cumplimiento de las inversiones propuestas por Aqualia en la Proposición para tomar parte en el concurso para la selección del socio privado.

Las inversiones pactadas en el Pliego de Condiciones se han paralizado con la connivencia de los representantes municipales en el Consejo de Administración de Aguas de Langreo. Esta decisión, inaceptable vista la situación de la red de canalización, podría ser constitutiva de administración desleal, que unido a las dudas suscitadas sobre el Pliego de Condiciones, por la asesoría legal que firma el informe solicitado por el Ayuntamiento, podría servir de fundamento para romper el acuerdo con base legal. La exigencia de cumplir con las inversiones puede reforzarse desde la movilización popular por razones de salud, al persistir tuberías de fibrocemento e incluso de plomo.

La reclamación planteada por Aqualia sobre la Retribución al Socio Privado. En los últimos años Aqualia viene reclamando de manera insistente el pago de lo que denomina "Retribución por KNOW-HOW (saber hacer). El Pliego de Condiciones establecía que las empresas interesadas ofertarían un porcentaje fijo sobre la recaudación anual y otro sobre el incremento de la facturación, que fruto de la gestión se produjera.  Puesto que Aqualia propuso un 0% al fijo sobre la recaudación, y un 35% sobre el incremento de la facturación y como es evidente y sin entrar en la razones, un aumento de la facturación no se ha producido, parece que la reclamación de más de 800.000 euros efectuada por Aqualia no se corresponde con lo establecido en las condiciones fijadas en el Pliego.

La reclamación planteada por Aqualia vuelve a poner sobre el tapete el recurso ante los tribunales por una de las dos partes. Ahora o dentro de 15 años, si no antes, la situación se romperá, se trata de elegir desde la ciudadanía el mejor momento para nuestros intereses. Si la legislación actual es claramente favorable a los intereses privados, todo hace prever que esta tendencia se reforzará a corto y medio plazo con el TTIP, por lo que convendría no esperar y sumarnos a las iniciativas que en el resto de España y Europa luchan por defender un servicio público de agua.

A continuación se reproduce la parte del documento referida al conflicto con San Martín.

El contencioso con el Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio por la liquidación debida al exceso de consumo del agua del Raiqoso. Langreo es propietario de la concesión de agua del Raigoso y dentro de las condiciones se establece la cesión de 25 l/s al concejo de San Martín. En los últimos años el Concejo vecino ha venido consumiendo la totalidad del agua del Raigoso de manera gratuita, dándose la paradoja de que los vecinos y vecinas de San Martín pagan menos por el agua que los del Langreo a pesar de consumir agua de una concesión propiedad de Langreo. Las actuaciones realizadas hasta ahora para conseguir llegar acuerdos con el ayuntamiento vecino han fracasado y parece evidente que no hay ninguna intención de resolver esta situación, la tramitación de exigencia de pago se ha puesto en marcha de una manera que hace, de acuerdo con los informes jurídicos, muy complicado conseguir que tengan éxito. Puesto que entendemos que la concesión del agua del Raigoso es patrimonio del Ayuntamiento de Langreo y es obligación de este, defenderlo creemos apropiado iniciar las siguientes actuaciones: a)      Anular la liquidación efectuada al Ayuntamiento deSan Martín b)      Efectuar las  obras   necesarias  para  conexionar  laconducción del Raigoso con la ETAP que permita quelos 100 l/s puedan ser utilizados por los vecinos yvecinas de Langreo. c)       Proceder a la colocación de los caudalímetros y en loslugares establecidos en la concesión del Raigoso. d)      Requerir al Ayuntamiento de San Martin e! inicio de las  negociaciones  para  subscribir  la  firma de  unconvenio   y   de   no   atender   la   petición,   exigir  elcumplimiento  de  las  clausulas  reconocidas  en  el documento de concesión.