Cuando se plantea el debate entre sanidad pública y privada, suele presentarse como una confrontación ideológica. Unos defienden que la salud debe permanecer completamente en manos del Estado (de las Comunidades). Otros sostienen que la iniciativa privada puede aportar eficiencia, innovación y capacidad de gestión.
Observando la práctica política de las últimas décadas, da la impresión de que el debate real no es exactamente ese. La cuestión no parece ser si pública o privada, sino el descaro, el ritmo y el amigismo con que se desarrolla el proceso de privatización.
Rara vez encontramos a un dirigente que proponga cerrar de golpe hospitales públicos para sustituirlos por empresas privadas. Sería, o era, electoralmente suicida. La ciudadanía sigue considerando la sanidad pública como una de las grandes conquistas sociales y cualquier ataque frontal genera rechazo inmediato. Por eso los cambios suelen presentarse de otra manera.
Primero se deteriora el servicio; faltan profesionales, aumentan las listas de espera, se retrasan inversiones y se normalizan carencias que años antes habrían sido escandalosas. Después se presenta la colaboración privada como una solución pragmática a problemas que, en muchos casos, han sido tolerados o incluso provocados por quienes ahora ofrecen el remedio.
El proceso rara vez se anuncia como privatización. Se habla de externalización, colaboración público-privada, optimización de recursos, modernización de la gestión o flexibilidad organizativa. Las palabras cambian, pero la dirección suele ser la misma: una parte creciente de los recursos públicos termina convirtiéndose en negocio privado.
Es entonces cuando aparecen las diferencias entre partidos y dirigentes. No tanto sobre el destino final del proceso como sobre su velocidad y sus beneficiarios.
Algunos consideran que hay que avanzar despacio para evitar resistencia social y desprestigio. Otros prefieren aprovechar cada crisis para acelerar los cambios. Unos procuran mantener ciertas formas y otros actúan con una impaciencia que roza la provocación. Pero donde las diferencias resultan más llamativas es en la distribución de las oportunidades.
Porque el problema no es únicamente que determinadas actividades sanitarias pasen a manos privadas. El problema surge cuando las adjudicaciones, concesiones y contratos parecen seguir criterios de proximidad política o familiar, más que de interés público. Cuando los mismos nombres aparecen una y otra vez alrededor de las mismas decisiones. Cuando las puertas giratorias se convierten en una costumbre.
Entonces la discusión deja de ser sanitaria para convertirse en una cuestión de poder. Ya no se trata de cuál es el mejor modelo para atender a los pacientes. Se trata de quién controla los presupuestos, quién recibe los contratos y quién obtiene los beneficios.
Mientras tanto, los ciudadanos siguen atrapados en un debate simplificado entre sanidad pública y sanidad privada, como si fueran dos modelos puros enfrentados entre sí. La realidad suele ser más compleja y, a menudo, más incómoda. Porque el verdadero conflicto no se produce entre lo público y lo privado, sino entre el interés general y los intereses particulares que prosperan alrededor de ambos.
Y esa es una discusión mucho menos ideológica y mucho más concreta. Trata de nombres, contratos, influencias y responsabilidades.
